En Nuevo León, se calcula que existen 80,000 viviendas del Infonavit abandonadas, aunque el organismo solo reconoce 25,000 en su cartera vencida. Las otras 55,000 casas permanecen en manos de sus dueños, quienes siguen pagando por ellas, a pesar de no habitarlas.
Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey y del Instituto de la Vivienda en Nuevo León, señaló que en el trienio pasado los alcaldes se comprometieron a realizar un censo de viviendas abandonadas, pero no cumplieron con esta tarea.
Montiel explicó que para abordar este problema, se requieren reformas legales tanto a nivel constitucional como a la Ley de Infonavit. Esto permitiría explorar medidas que posibiliten el acceso de quienes no tienen vivienda a estos inmuebles abandonados, a través de esquemas y facilidades de financiamiento y arrendamiento social.
Actualmente, la reforma ya está en preparación, y se espera que permita una solución efectiva al problema de las viviendas deshabitadas. El funcionario destacó la importancia de implementar un programa de arrendamiento social para evitar que las viviendas sigan en desuso y se pueda beneficiar a más familias con acceso a vivienda digna.